Mercado de humo
El mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO 2) se puso en marcha en Europa en 2005, siendo el más importante de los mercados de este tipo existentes en la actualidad en el mundo. Precisamente, dentro de la política ambiental de la Unión Europea, el comercio de emisiones de dióxido de carbono es el instrumento imprescindible para alcanzar los objetivos que establece el Protocolo de Kioto.
De hecho, la idea no es nueva. Por ejemplo, con el objetivo de reducir la lluvia ácida, en 1990 se creó un mercado similar en Estados Unidos para el comercio de derechos de emisión de dióxido de azufre. Sin embargo, el objetivo del mercado europeo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, la tonelada de CO 2 emitida ha sido valorada y el mercado se basa en el comercio de derechos de emisión de este gas.
Y esa es precisamente una de las críticas que le hacen, es decir, que sólo tiene en cuenta el dióxido de carbono. Sin embargo, a partir de 2013, la Comisión Europea tiene previsto comercializar otros gases, como el óxido nitroso y el perfluorocarbonos, así como otros sectores actualmente fuera de este mercado.
En la actualidad se consideran los vertidos de empresas del sector eléctrico, refino de petróleo, siderurgia, cemento, cal, tejas y ladrillos, azulejos y baldosas, vidrio, fritas y pasta de papel, papel y cartón. Entre todos ellos, generan la mitad del dióxido de carbono que se emite en Europa. Mucho.
Pero el transporte también genera gran cantidad de dióxido de carbono, aproximadamente un 20%, y la proporción aumenta año tras año. Sin embargo, este 20% proviene de individuos con bajas emisiones y el sistema de comercio de derechos no sirve para controlar este tipo de vertido. La excepción es el vertido de aviones, y eso sí, a partir de 2012 la Comisión Europea pretende tener en cuenta las emisiones de los aviones comerciales que pasan por los aeropuertos europeos.
Venta y compra
Así, el mercado del comercio de derechos de emisión se basa en el dióxido de carbono emitido por algunos sectores. Además de los 27 países de la Unión Europea, desde el año pasado también participan Islandia, Noruega y Liechtenstein, afectando a un total de 11.000 empresas. La participación de las empresas no es voluntaria, están obligadas.
El economista ambiental Patxi Gre nos ha explicado cómo funciona: "Cada empresa tiene unos derechos de emisión que la Comisión Europea le ha otorgado. Si consigue emitir menos de lo previsto, tendrá sobra unos derechos que podrán venderse a un expedidor de más de lo previsto".
Dicho así, parece sencillo, pero el propio Gre nos ha mencionado algunas de sus dificultades. Uno de ellos es la determinación de los derechos de emisión de cada empresa, es decir, la ubicación del límite. De hecho, el mercado se está desarrollando en tres fases, la primera, entre 2005-2007, era para la prueba, y entonces se dieron cuenta de que había una excesiva distribución de derechos. "Las empresas tuvieron superávit y el precio de los derechos disminuyó enormemente".
De hecho, para determinar la cantidad de derechos de emisión a conceder a cada empresa se basaron en los vertidos históricos de las empresas, si bien en una segunda fase (2008-2012), ante la existencia de errores, se han puesto límites más estrechos a las empresas. En concreto, las empresas han distribuido un 6,5% menos de derechos de vertido que en 2005. Se espera que así funcione el mercado y que finalmente contribuya a alcanzar los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto, ya que a partir de 2013 el número de derechos disminuirá un 1,74% año tras año.
Sin embargo, para Gre, en lugar de distribuir los derechos de vertido, lo lógico sería subastar. El que más se dispusiera a pagar por ellos, se beneficiaría de los derechos. "Pero la Comisión Europea necesitaba que las empresas estuvieran a favor del sistema y las empresas argumentaron que la adquisición de derechos de emisión podría suponer una pérdida de competitividad internacional". Por ello, decidieron conceder los derechos, aunque con el tiempo la comisión tiene intención de ir reduciendo la gratuidad.
En teoría, según la Comisión Europea, los derechos de emisión para 2024 deberán ser subastados. Sin embargo, la propia Comisión considera que "pueden existir excepciones a los sectores de alta intensidad energética" si el sistema de subastas perjudica a la hora de competir a nivel internacional.
Reducción de vertidos
De cualquier manera, Gre cree que el sistema es eficaz en costes. En su opinión, "ayuda a reducir los vertidos en los casos en los que menos cuesta reducir". De hecho, si la reducción de los vertidos es menor que el vertido, la empresa invierte en reducir los vertidos. Al emitir menos que antes, puede vender derechos de emisión, obteniendo así beneficios". Por tanto, el sistema facilita la inversión en mecanismos de reducción de emisiones.
Según la Comisión, el mercado está siendo eficiente, ya que la industria ha reducido sus emisiones en un 6% en el último año. Pero no todo ha sido gracias al mercado. Gre advierte que la crisis también ha influido en ello. "Las empresas han reducido su actividad y ha sido una forma de financiar la venta de derechos de emisión. Sin embargo, esto ha supuesto una importante reducción en el precio de los derechos de vertido". Además, "hay que tener en cuenta que el petróleo se ha reducido y que las empresas han sustituido el carbón por este combustible. El petróleo genera menos dióxido de carbono que el carbón, lo que también ha contribuido a la reducción de las emisiones".
Sin embargo, el mercado está en marcha y tiene consecuencias en las empresas. De hecho, una vez finalizado el año, las empresas deben devolver los derechos correspondientes a las toneladas de CO 2 emitidas. Los derechos que no han utilizado tienen la posibilidad de venderlos o conservarlos para el futuro.
Si una empresa no devuelve los derechos que tenía que devolver según lo que ha derramado, recibe una sanción. Al año siguiente deberá adquirir los derechos necesarios para compensar dicha falta o déficit, indicando el nombre de la empresa en la lista de infractores y pagando una multa por cada tonelada de CO 2 vertida por encima del límite. La multa inicial era de 40 euros por tonelada, pero actualmente es de 100 euros.
Por ejemplo, la empresa navarra El ctrica de la Ribera del Ebro, con 1.143.212 toneladas de CO 2 en 2008, ha devuelto la correspondiente a 309.394 toneladas. En consecuencia, la Comisión Europea será sancionada. En similares condiciones se encuentran otras empresas, casi todas ellas del sector eléctrico.
Bolsa, escenario
Patxi Gre trabaja en NAIDER, ofreciendo servicios de consultoría a empresas y administración, entre otros. Según él, muchas empresas de la zona "todavía no han interiorizado que los derechos de emisión son un activo, que al fin y al cabo es dinero". Por tanto, Gre nos confirma que los servicios de consultoría tienen un gran margen de crecimiento.
Factor CO 2. Están especializados en cambio climático y cuentan con una filial dedicada al mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono, Factor CO 2 Trading. El director Kepa Solaun está de acuerdo con lo expuesto por Gre, pero sólo en parte. En su opinión, aunque en la primera fase así fue, a partir de 2008, y coincidiendo con la crisis, las empresas han empezado a jugar de forma "estratégica".
Solaun nos ha proporcionado datos: En 2007 se movieron en el mercado de derechos de emisión cerca de 40.000 millones de euros y en 2008 92.000 millones, un 130% más. Además, con respecto a la fase anterior, los movimientos son "más grandes y más complejos". De cara al futuro, es optimista, ya que "las empresas operan cada vez más, prevén un aumento de precios y a partir de 2012 habrá más empresas participando".
Parece que existe la posibilidad de negocio de venta de humo. Eso sí, lejos queda el lema quien contamina paga.
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
