Medio ambiente e industria: producción limpia
La producción desproporcionada y despilfarrada de productos de consumo está provocando el desperdicio, deterioro y agotamiento de los recursos naturales del planeta. La Tierra está sufriendo una fuerte contaminación y degradación y puede decirse que desde que el ser humano es humano, la Tierra está viviendo el peor estado de alerta.
Por ello, el uso racional de los recursos y el abandono de sustancias peligrosas se está convirtiendo en una condición necesaria, ya que es la única vía que garantiza la supervivencia y el bienestar de nuestros descendientes. Ante un estado de contaminación, la industria debería adoptar una filosofía y una práctica de “producción limpia”. El concepto de producción limpia surge de la Agencia de Medio Ambiente (AEMA) de los EEUU, que lo define como un proceso productivo que no supone un perjuicio sanitario para el trabajador y el medio ambiente. Para ello es requisito básico la sustitución de los procesos, productos y materias primas de la empresa que utilicen sustancias peligrosas o generen subproductos tóxicos.
Europa nos trae leyes de recomendación y esfuerzos convergentes
Por cierto, esto no es fácil, ya que obliga a muchas empresas a cambiar radicalmente todo su proceso productivo y, por supuesto, su desarrollo requeriría una inversión y un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, para la tranquilidad de los empresarios y en detrimento del medio ambiente, no existe una ley que obligue a este tipo de cambios radicales. En concreto, la Unión Europea ha elaborado dos normas fundamentales para la gestión ambiental de la empresa: Reglamento de ecoauditoría e ISO 14.001.
A pesar de no ser iguales, ambas normas regulan la forma de realizar un exhaustivo análisis ambiental del proceso productivo de la empresa, es decir, el análisis de los flujos de energía, materia y agua, y las mejoras en los emplazamientos en los que existen defectos. Ninguno de ellos obliga a la empresa a realizar un estudio ambiental, opción que queda en manos de su voluntad y voluntad.
Sin embargo, es previsible que en el futuro se vayan demandando productos con un proceso de producción limpio en el mercado europeo. Por lo tanto, la realización de una auditoría ambiental será imprescindible para cualquier empresa en un futuro competitivo. Ambas normas han sido adaptadas por la Unión Europea.
En cualquier caso, la finalidad última de estas normas no es promover procesos productivos limpios, sino poner límites más o menos estrictos a la contaminación. Por tanto, una empresa que cumple estrictamente la legislación ambiental no tiene por qué tener un proceso de producción limpio, es decir, puede seguir contaminando el medio ambiente a pesar de estar legalmente sometida. Esta situación paradójica será muy normal en el futuro si las cosas no cambian.
La política ambiental que las instituciones vascas están llevando a cabo en la actualidad está condicionada por la normativa comunitaria. La Directiva de Prevención de la Contaminación de origen industrial, conocida como IPPC y publicada en 1996, es la normativa que más puede marcar la dirección de determinados sectores industriales en este momento y en un futuro próximo. La presente Directiva incluye un conjunto de medidas destinadas a evitar y, inevitablemente, reducir las emisiones al agua, la atmósfera y el suelo, incluidos los residuos.
Las empresas de determinados sectores, como el químico o el metalúrgico, vendrán obligadas a realizar una evaluación integral del proceso productivo antes de obtener la licencia de actividad. La presente Directiva también ofrece una forma unificada de otorgamiento de licencias para una adecuada coordinación de las mismas en los procedimientos de autorización en los que participen distintas autoridades competentes.
Con el impulso de la Directiva se espera que las empresas realicen esfuerzos para reducir la contaminación y minimizar los residuos.
Además de la IPPC, existen otras dos Directivas que serán decisivas a nivel europeo en el futuro: por un lado, la Directiva de Vertederos, que todavía no ha sido publicada por su complejidad en los complicados trámites y, por otro, la Directiva de Contaminación del Aire, publicada a finales de 1996 como continuación de la IPPC. Ambas Directivas tratan de armonizar las leyes sectoriales existentes en el seno de la Unión Europea.
La no generación de residuos no se prioriza suficientemente en la política actual
En la Unión Europea la prevención es la prioridad absoluta. En cuanto a los residuos, desde la Administración Europea se pretende fomentar la tecnología y los productos limpios, reducir la peligrosidad de los residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los mismos. La Comisión en su Comunicación sobre la revisión de su estrategia de gestión de residuos dice: “la política que tiene como fin último evitar la producción de más residuos debe tener en cuenta el producto y su producción (...) Para lograr la eficiencia se debe tener en cuenta el ciclo de vida del producto en su totalidad, desde el momento de su producción hasta su eliminación, sin olvidar la recogida, la reutilización y el reciclado...”
En torno a la nueva estrategia europea en materia de residuos existen algunos ámbitos que generan discusiones y debates, como el denominado “waste” o el “no waste”, es decir, existe una tendencia a la desclasificación de ciertos residuos peligrosos, entre los que se encuentran algunos que dañan la salud pública o el medio ambiente. Está viendo si hay que priorizar la regulación o la adopción de acuerdos voluntarios en otra controversia que está a la cabeza. El riesgo de que se produzca un “dumping ambiental” si se dejan en manos de la voluntad las iniciativas a favor del medio ambiente, ya que algunas empresas asumirán compromisos reales y otras no. Por lo tanto, la regulación parece razonable, al menos en parte. De hecho, el V de la Unión Europea.
Como consecuencia de la aplicación del programa, que dejaba su mayor parte en manos de la voluntad, se ha constatado que todas las medidas requieren de normas estrictas para avanzar. Es el caso del control de los productos que dañan el ozono, de los productores de lluvia ácida, etc. Todos ellos tienen detrás una legislación estricta.
Por otro lado, en los últimos años se ha producido un debate en torno a la incineración de residuos tóxicos. Las plantas incineradoras suelen presentarse como una vía adecuada para solucionar los problemas que generan los vertederos, ya que reducen enormemente la cantidad de residuos, dando la sensación de que el problema se elimina por encima. Sin embargo, si se mira de otra manera, los residuos se limitan a trasladar sustancias tóxicas, es decir, de suelo a aire, y entonces el problema pasa de local a global.
Por tanto, el comportamiento más sensato sería reducir notablemente la producción de residuos y reducir su toxicidad a través de diferentes pretratamientos. Asimismo, los residuos que no se puedan evitar deberían almacenarse en depósitos especiales que permitan reciclar o proporcionar una alternativa adecuada el día en que la tecnología esté suficientemente desarrollada.
Zu idazle
Zientzia aldizkaria
