Internet bajo la amenaza de la ley

Leturia Azkarate, Igor

Informatikaria eta ikertzailea

Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia

Últimamente cada vez hay más intentos de crear nuevas leyes específicas para Internet. Esto no debería ser malo en sí mismo, sino bueno o necesario, pero son medidas abusivas que no aceptaríamos en otros ámbitos, que ponen en peligro la propia naturaleza de Internet y que atentan contra los derechos fundamentales.
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Ed. © iStockphoto.com/Henrik 5000

Internet ha sido hasta el momento un territorio sin normas suficientes. Únicamente ha estado ligado a las normas aplicables a otros contenidos y comunicaciones, y el carácter descentralizado de Internet y el carácter internacional dificulta su regulación y control a través de las leyes y medios habituales. Por ello, en los últimos años gobiernos y otros lobbies están impulsando (y en algunos casos aceptando) leyes específicas para Internet.

El proyecto legislativo más conocido es probablemente el denominado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Mercantil contra las Falsificaciones). Este acuerdo internacional, enmascarado en el objetivo de evitar las falsificaciones, también se opone a la difusión de medicamentos genéricos y productos culturales con copyright, proponiendo la creación de una nueva organización internacional (aunque en cada uno de estos temas haya organizaciones internacionales que se ocupan de ellos), el rigor en los controles fronterizos, la obligatoriedad de vigilar todas las comunicaciones a los proveedores de Internet, etc. El escrito ha sido redactado por diversas instituciones y grupos de interés o lobby, que podemos imaginar, y ha sido firmado por más de 30 países, entre ellos España, Francia y la Unión Europea, en enero de este año, pero ninguno de ellos lo ha convertido en ley por el momento y por ello no se ha puesto en marcha. En muchos países ha habido grandes protestas, sobre todo en Europa (Polonia, Eslobenia, Suecia...).

En un plano más local se están impulsando leyes similares. En EEUU, por ejemplo, las industrias de la música y el cine están luchando por este tipo de leyes. En los dos últimos años se han presentado en su Senado al menos cuatro leyes de estas características: COICA ( Combating Online Infringement and Counterfeits Act o Acta de lucha contra violaciones y falsificaciones legales online), PIPA ( PROTECT IP Act o Acta de protección de la propiedad intelectual), SOPA ( Stop Online Piracy Act o Acta de parada de la piratería On line) y Reparto de Cyspa Sharact. Estas leyes proponen medidas tales como que las entidades de pago, como las tarjetas de crédito, puedan prescribir la no tramitación de los pagos a un sitio web, obligar a los buscadores a suprimir los enlaces a un sitio web, bloquear el acceso de los proveedores de Internet a determinados sitios web si así se les solicita; toda la información de tráfico de sus proveedores de Internet (dónde han navegado, han escrito y recibido los niveles de acceso…) Compartir con el Gobierno, etc.

En España, en diciembre del año pasado, en el primer Consejo de Ministros del Gobierno del PP, se aprobó la ley reguladora de las descargas a Internet, impulsada en los dos años anteriores por el Gobierno del PSOE (de ahí el nombre que se ha dado a la ley, la Ley Sinde-Wert, por los nombres de los ministros de cultura de ambos gobiernos). Tras años de exculpación por parte de los jueces de las páginas web en las que se ofrecen películas, series y enlaces para descargar música (ya que compartir contenidos culturales en España es legal si no hay ánimo de lucro), la Ley Sinde-Wert facultó a un comité de Propiedad Intelectual para el cierre preventivo de las webs (y aquí sabemos qué son realmente los cierres preventivos). Finalmente, por su resistencia, este punto fue suprimido y sólo el juez podrá cerrar páginas web, pero se celebrarán juicios rápidos en los casos denunciados por la Comisión.

En Francia también el Gobierno de Sarkozy promulgó la Ley HADOPTI en 2009. Esta ley también faculta a una comisión para vigilar el tráfico de Internet y cortar la conexión a Internet en caso de rotura de copyright (en la última versión de la ley, el juez debe aprobar el corte de la conexión). El inventor de la web Tim Berners-Lee explicó de forma muy gráfica el absurdo de esta ley en el congreso WWW2012 ¿Web as a human right? mesa redonda. Decía antes que en algunos países se cortaban las manos por robar las ovejas, pero ahora las cosas no las hacemos así. Tanto las manos como la conexión a Internet se utilizan y se necesitan para otras cosas... ¿Hay que detener a sus hermanos porque un adolescente ha bajado algunas canciones y no pueden hacer los deberes y trabajar a sus padres?

Otro tipo de ley puede ser una amenaza para Internet: la de las patentes de software. En la Unión Europea el software no es patentable, pero de vez en cuando la Oficina Europea de Patentes y algunas grandes empresas de software intentan cambiar la ley europea de patentes, afortunadamente, sin éxito (hasta la fecha). Sin embargo, en los últimos años la Oficina está procediendo a la aprobación y registro de las patentes de software, con el fin de que su labor en el momento en que consigan un cambio de ley sea más avanzada. En EE.UU. el software se puede patentar y la situación es realmente kafkiana: se patentan conceptos muy genéricos o tribales o ya existentes (encuestas on line, apertura de aplicaciones con click en iconos, respuestas automáticas a los e-mails… están patentadas), las grandes empresas se compran paquetes de patentes entre sí... Es cierto que normalmente no los utilizan, sino que se encuentran en una especie de "guerra fría", en la que cada uno tiene su arsenal, "batir por si acaso". En cualquier caso, si comenzasen a abrirse juicios por crisis o patentes de software, o se aprobara también en Europa, acabaría con la gran innovación que se produce en Internet, o con la igualdad de oportunidades para que las pequeñas empresas creen nuevas ideas y negocios.

Estas leyes proponen muchas medidas erróneas, pero lo peor, según Tim Bernes-Lee, es la indiscriminada vigilancia de las comunicaciones y navegaciones. La violación del derecho a la privacidad es muy grave, pero además cree que la propia democracia también estaría en peligro: esos datos podrían ser crackeados o robados, los datos de los políticos también podrían ser utilizados para chantajearles, un gobierno corrupto podría usarlos contra la oposición, la disidencia o un funcionario corrupto. Berners-Lee llama poderosamente a protestar contra estas leyes y a no dejarles que las acepten. Si salieran adelante, no sólo Internet sería el mundo de las libertades y oportunidades que hoy conocemos: se impediría la difusión lícita de la cultura, se vulnerarían muchos derechos civiles y la democracia correría peligro. Y lo peor es que todo esto no sería en nombre de la seguridad, sino por mantener los beneficios económicos de la industria cultural.

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