Protocolo de protección de la Antártida
El pasado 14 de enero entró en vigor el Protocolo para la protección de la Antártida, que tendrá una vigencia de 50 años.
26 estados han firmado este acuerdo, que tendrá una duración de medio siglo. La confrontación ha sido enorme, ya que algunos países tienen enormes intereses económicos en esta región. La Antártida ocupa una media de 12 millones de kilómetros cuadrados, pero en invierno, cuando el hielo se expande, su área de influencia es mucho más amplia.
El Protocolo impide la explotación de minerales y petróleo. Asimismo, se controlarán las actividades potencialmente nocivas para el hábitat local, como el uso de pesticidas, la entrada de perros y el trabajo de grupos de investigación que frecuentan la Antártida.
Las primeras relaciones para la firma del Protocolo se iniciaron en el año 1991 y, obviamente, se ha tardado en equilibrar de alguna manera estos intereses económicos. Japón, Rusia y los EE.UU han competido especialmente por fijar los criterios de gestión de esta gigantesca región.
Los grupos ecologistas, en general, han tomado buena nota de la noticia, pero algunos han advertido que no es suficiente. Greenpeace, por ejemplo, ha recordado que no se va a hacer nada para restaurar el estado de los océanos de la zona e incluso ha denunciado que el Protocolo no prevé medidas para reducir la pesca. Por tanto, los países firmantes podrán seguir cazando ballenas y amenazando a los pingüinos, como hasta ahora.
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