Los Estados consiguieron el monopolio de las telecomunicaciones por poco esfuerzo y lo han mantenido hasta hace poco. Esto conlleva una serie de problemas: la evolución de la falta de competencia es deficiente y los precios son frecuentes en desequilibrio con la calidad de los servicios prestados. Para 1984 era evidente la necesidad de cambiar la estructura del mercado de telecomunicaciones, ya que el sistema antiguo no tenía la flexibilidad suficiente. Tampoco ofrecía la velocidad necesaria para desarrollar nuevos productos y servicios.
Era evidente que para la evolución de las telecomunicaciones era necesario modificar la normativa existente en su entorno. El inicio de la evolución tuvo lugar en Estados Unidos. La ATT (American Telephone Telegraph), que hasta entonces había monopolizado, tuvo que aceptar el pase al mercado libre. En cuanto a Europa, los vientos de liberalización llegaron más tarde y el monopolio de los PTT (Post Telephone Telegraph, es decir, de la organización telefónica pública de cada país) por cada país que ha tenido durante muchos años el papel más importante, se encuentra en una difícil tarea, sobre todo porque en el año 2000 se espera que el 60% de la plantilla europea esté en telecomunicaciones.
En la Unión Europea (UE), reunida en octubre de 1992, existía un acuerdo absoluto. Todos pensaban que hoy en día hay grandes barreras para el desarrollo de las telecomunicaciones. Algunas de las barreras eran la falta de servicios avanzados, las costosas tarifas a pagar por los servicios que atraviesan las fronteras, la falta de líneas arrendadas de alta velocidad, etc. Por otro lado, el crecimiento de las telecomunicaciones es del 8,5% anual, liderando el resto de sectores.
En consecuencia, es necesario crear una nueva normativa que impulse el desarrollo correcto de las telecomunicaciones en la Unión Europea. En la comisión se presentaron diferentes propuestas para que la decisión a tomar fuera la adecuada:
130 organizaciones relacionadas con las telecomunicaciones (usuarios, proveedores, operadores, sindicatos y organizaciones profesionales) coincidieron en decidir cuál era la más adecuada en las propuestas y consideraron necesaria la liberalización de todos los servicios de telefonía oral. Sin embargo, a la hora de decidir los pasos y plazos a seguir para ello no hubo un consenso absoluto.
Esta liberalización permitiría que aparecieran ventajas en materia económica como consecuencia directa de la competencia, que también se intensificaría el desarrollo mediante un proceso de renovación más rápido, que permitiera al usuario elegir los productos y servicios que le resultarían más adecuados en función de sus necesidades y posibilidades, y que, finalmente, permitiera repartir el recurso nacional de tanta importancia entre entidades públicas y privadas.
Pero también hay que decir que tiene riesgos, ya que una mayor competencia genera la necesidad de un entorno de reflexión debido a situaciones contradictorias entre las organizaciones de telecomunicaciones y a las diferentes estructuras de mercado de cada país de la comunidad. Por todo ello, uno de los principales objetivos de la normativa es hacer frente a los posibles efectos negativos de la competencia.
Aunque la marcha de la política es más o menos la señalada anteriormente, no se ajusta a la realidad. A modo de ejemplo, se puede mencionar que desde que se liberalizaron los mercados de terminales y servicios hasta que se establecieron las reglas y la organización para poder configurar una competencia real se pasó mucho tiempo.
Los esfuerzos que se están realizando para abrir mercados de productos y servicios en la comunidad y crear las condiciones necesarias para que la competencia entre ellos sea transparente, todavía no han dado los frutos esperados. Las acciones que se han llevado a cabo para lograr un mercado único, es decir, la distribución de las funciones de explotación y regulación de los servicios, la consolidación de los mercados, la creación de mercados futuros, etc., no han incrementado la oferta ni han generado crecimiento del mercado. Pero aunque no se han alcanzado los objetivos reales, la dinámica de los mercados está provocando cambios estructurales en el sector.
Las tendencias son claras. Por ejemplo: concentración industrial, privatización de operadores de telecomunicaciones derivada de una política más general de gobiernos, asociación de proveedores de servicios (acceso a terceros países), etc. En definitiva, este mercado se mueve más desde la situación real que desde las expectativas de futuro.
En Europa en estos momentos GSM (Global System for Mobile Communications. Dicho en euskara, el Sistema Global de Comunicaciones Móviles, es decir, el sistema estándar de comunicación telefónica móvil, es el tema que más fuerza tiene a nivel comunicativo. A finales del año 92, nueve países comenzaron a ofrecer este servicio. GSM capacita a cualquier usuario, país o país para utilizar el sistema.
Utiliza tecnología digital y, por tanto, reúne todas las ventajas que ofrece: una mejor calidad de servicio, un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, una mayor facilidad de mantenimiento e instalación, una mayor seguridad de las comunicaciones, la posibilidad de conectarse posteriormente a la red telefónica básica y el acceso a numerosos servicios.
A partir de 1995 se espera que estos servicios puedan ser utilizados en cualquier punto de Europa (y también en el exterior). Por ejemplo, en países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, América Latina, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo ya disponen de licencias para poder utilizar estos servicios. En muy poco tiempo, la proliferación de usuarios hace que las empresas tengan un gran atractivo para poder explotar GSM.
En cuanto a la situación en el Estado español, está algo más retrasada. De acuerdo con lo acordado en la Unión Europea sobre liberalización, a excepción de la telex, el telégrafo y la telefonía básica en España, hay que poner fin al monopolio de Telefónica desde 1924, pero aún queda mucho trabajo por conseguir este objetivo:
En las diferentes Comunidades Autónomas la situación no es la misma: cada una está creando sus propias redes.
De momento, sólo la Administración podrá disfrutar de las ventajas que ofrece esta nueva red. Además, los usuarios tendrán que esperar a que se abra la liberalización.
Una vez analizada la situación general de las telecomunicaciones, parece que tanto en Europa como en el Estado español se ha ido desarrollando a toda velocidad. Las mejores consecuencias de esta carrera serán aprovechadas por el usuario gracias al estímulo de la competencia. Ya es evidente que Telefónica está realizando esfuerzos para ofrecer buenos precios participando en el mercado libre y que el usuario empieza a preocuparse más de lo que acostumbraba de los servicios y precios que puede conseguir.
Desgraciadamente, la liberalización no sólo va a suponer una nueva alegría y un mejor rendimiento. Dado que las telecomunicaciones son un sector estratégico de la economía actual, el Estado español ha tratado hasta el momento de mantener el monopolio, pero con la liberalización, muchas naciones extranjeras pueden dar un paso adelante en la actual colonización económica.
De momento, el Gobierno Vasco ha comenzado a trabajar para que este proceso no cambie de la mano. Aprovechando su ubicación adecuada se está construyendo la red denominada Euskalnet. Sin embargo, al estar a punto de finalizar los monopolios, está claro que la única forma de defender el mercado de las telecomunicaciones en el futuro es la competitividad, y las empresas y las instituciones públicas deben entenderlo para que el proceso sea satisfactorio.