Garoña, una historia interminable
Hace un año fuimos al frente de la central nuclear de Garoña para celebrar el cierre definitivo de la central. El plazo para solicitar la ampliación de la vida de la central estaba a punto de finalizar. Por ello, la marcha anual a la central tuvo un ambiente festivo inmejorable. Ha pasado un año desde entonces y ha habido de todo.
Garoña entró en funcionamiento en 1970 y es la central nuclear más antigua del Estado. El propietario es Nuclenor, empresa formada por Iberdrola y Endesa. Se trata de una pequeña central de 460 MW de potencia que genera el 1,4% de la electricidad nacional. Con una vida útil de 40 años, la autorización finalizaba en 2011, pero el gobierno de entonces la prorrogó hasta 2013. Y para seguir funcionando a partir de 2013 debían solicitar una nueva autorización, pero dejaron pasar el plazo para hacerlo. De hecho, para poder llevar adelante esta prolongación, Garoña debía realizar una serie de mejoras, con un presupuesto mínimo de 120 millones de euros, obligadas por la nueva exigencia de seguridad derivada del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) publicó entonces que la única solución de la central era cerrar el 6 de julio.
La necesidad de introducir mejoras era insuficiente y el Gobierno modificó la legislación con un impuesto sobre el combustible nuclear. Según Nuclenor, este impuesto supondría un gasto de más de 150 millones de euros para Garoña. Así, a principios de este año se paralizó la central de Garoña para no pagar el nuevo impuesto. Parecía que, de una vez por todas, se habían leído las últimas páginas de esta historia interminable.
Pero como ocurre en las películas de suspense, de un día para otro el argumento dio la vuelta. Sabíamos que había conversaciones entre Nuclenor y el gobierno sobre el futuro de la central, y en mayo nuestras sospechas se hicieron realidad.
El Gobierno quería sacar un nuevo decreto que permitiera la ampliación de la central y obtuvo la autorización del CSN. Cristina Narbona, consejera del CSN, denunció las fuertes presiones ejercidas por parte del gobierno, cuestionando la independencia de la organización.
¿Cómo se podría esperar que Nuclenor, tras declarar que meses antes había dudas sobre la rentabilidad económica de las centrales, quisiera que siguiera funcionando? La respuesta puede estar en la nueva ley eléctrica que está a punto de publicar el Gobierno.
El Gobierno tenía abierto el camino para la reanudación de Garoña, pero cuando se daba por finalizado todo... dejaron pasar el plazo para publicar el nuevo decreto. Todavía no está muy claro lo ocurrido en ese momento, pero parece que no era posible cumplir los plazos administrativos para sacar adelante este nuevo decreto.
La central estaba parada y sin posibilidad de solicitar la prórroga. Disponía de una nueva puesta en marcha solicitando una nueva autorización de explotación. Debería seguir todo el proceso de puesta en marcha de una nueva central, incluida la nueva evaluación de impacto ambiental. Pero el Gobierno no dijo la última palabra y abrió un nuevo camino. Definieron la nueva situación denominada “Suspensión Temporal de Explotación” facilitando el procedimiento de reanudación. En estos momentos el nuevo decreto aún no ha sido publicado.
Mientras tanto, la central finalizó la autorización para la refrigeración del agua del río Ebro y solicitó su renovación. Este verano ha llegado la nueva autorización, pero con ella viene exigiendo más que antes. En la convicción de que el agua del río Ebro se calienta demasiado (supera los 30ºC), la central debería construir un nuevo sistema de refrigeración o reducir su potencia. Esta última es bastante difícil para una central nuclear. La central nuclear de Almaraz tuvo que mejorar el sistema de refrigeración, con las mismas exigencias que Garoña, con una inversión de 30 millones de euros.
En este momento, por tanto, el futuro de Garoña está en el aire. Podría solicitar una nueva autorización de explotación, pero en este caso tendría que realizar costosas obras de renovación: La transformación debida al accidente de Fukushima costaría al menos 120 millones de euros y el nuevo sistema de refrigeración para evitar el calentamiento del río Ebro, otros 30 millones de euros. Además, debería pagar un nuevo impuesto para la gestión del combustible nuclear, que Nuclenor estima en 150 millones de euros. Puede ser demasiado dinero para una central obsoleta de tan baja producción. Recordemos que la central se diseñó para 40 años de funcionamiento y que en los últimos años ha tenido muchos problemas técnicos. Por lo tanto, a pesar de haber obtenido la autorización de reanudación, parece que sería para pocos años, por lo que el plazo no sería suficiente para amortizar las obras de rehabilitación.
Todo ello genera dudas. En definitiva, ¿por qué tanto movimiento entre gobierno y empresa para alargar la vida de una central tan pequeña? Al final de la vida de la central de Zorita, no surgió este tipo de problemas. La principal diferencia entre ambos casos es que actualmente estamos a la espera de una nueva ley eléctrica. Es posible, por tanto, que en esta disputa entre Nuclenor y gobierno haya algo más que seguir en marcha Garoña, y que sólo una de las piezas que hay en la mesa dominical sea la propuesta de cerrar varias centrales de ciclo combinado en la nueva Ley Eléctrica y se recalcularán los pagos por capacidad. Es posible que Nuclenor esté negociando con el gobierno para conseguir una situación ventajosa en esta nueva legislación a cambio del cierre de la central de Garoña.
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