Tan importante como la explicación, el diagnóstico y el tratamiento al paciente y/o a sus familiares es el día a día del médico. El consentimiento informado requiere la firma del paciente o de un familiar que autorice la técnica o tratamiento. El ejemplo más habitual es la transfusión sanguínea: antes de poner sangre se le mencionan los peligros que conlleva y el paciente puede autorizar o denegar con su firma.
La transmisión de la información es un derecho del paciente y un deber del médico. ¿Pero cuántas informaciones? ¿Con qué objetivo? ¿Sería lógico que el comandante de un avión aclarase de dónde y con qué fuerza viene el viento y su influencia en los motores, el consumo de combustible y el vuelo? ¿Sería lógico que, dado que nosotros viajamos en avión y nuestra vida corre peligro, nos pidan permiso para iniciar el vuelo según estos datos?
A lo largo de la historia han existido distintas posturas al respecto. Durante muchos años la relación médico-enfermo ha sido paternalista. Existía una relación de confianza entre el médico y el paciente, donde el médico sabía y establecía las mejores técnicas, el diagnóstico y el tratamiento para el paciente. La posición que niega la autonomía en la toma de decisiones, por ejemplo, es dominante en el Mediterráneo europeo.
Actualmente se solicita más información para participar en las decisiones. A esto se suma el modelo judicializado que viene de los EE.UU. y la necesidad ética de explicar se ha convertido en ley. Si bien desde el punto de vista ético el consentimiento informado puede emitirse verbalmente o por escrito, debe realizarse por escrito en el Estado español de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. En algunos casos la mera no solicitud de autorización puede llegar a ser delito.
Una vez incorporada la información, consideramos positivo que el paciente exprese su opinión en decisiones importantes. Sin embargo, no es fácil tomar medidas al respecto: explicar qué tiene, a partir de un punto, puede convertirse en algo muy técnico y genera más confusión que claridad en la mayoría de la población. Es imposible, además, mencionar todas las complicaciones o consecuencias que puede tener una técnica o tratamiento. En consecuencia, aparecen las más graves y más frecuentes. En este sentido, si bien el consentimiento informado en principio es bueno, vemos que su puesta en práctica plantea algunos problemas.
Por un lado, produce una enorme burocratización de la medicina. Para cualquier intervención potencialmente peligrosa se deberá diseñar y rellenar un formulario concreto. Si a un paciente se le va a realizar más de una intervención, debería leer y firmar muchos formularios.
En segundo lugar, provoca angustia, angustia y duda tanto en el paciente como en el médico. La sociedad no tiene la costumbre de hacer algo así, por lo que la mera firma hace sospechar que las cosas pueden ir mal, generando desconfianza. El médico tampoco está tranquilo, ya que la decisión puede ser distinta o distinta.
Por último, esta medida es otro aspecto de la judicialización que la relación médico-enfermo ha tenido en los últimos años. A su vez, ofrece detalles en el camino de la judicialización de la relación. En la práctica, consigue introducir en esta relación la figura de la tercera persona: el abogado. Esto provoca sin duda una medicina defensiva. El objetivo no es curar al paciente, sino salir del trato con el paciente sin denuncia. Esto incluye pruebas de diagnóstico preventivo innecesarias, ingreso hospitalario, tratamientos, etc. Nos lleva a terminar. Esto, además de ser perjudicial para el paciente, es insostenible para el sistema sanitario público.